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Auto A-1729/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

Auto No. 1729 de 2024

Referencia: expediente CJU-5917

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín y el Juzgado Doce Laboral del Circuito de la misma ciudad

Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I.             ANTECEDENTES

§1.             Demanda. La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- presentó una demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones 01872 del 6 de mayo de 1991 y 005029 del 3 de junio de 2008, ambas emitidas por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. El primer acto administrativo reconoció una pensión de vejez a favor del señor Wilson Usma y el segundo le reconoció un beneficio relativo a un “(…) incremento por conyugue a cargo”[1]. Adicionalmente, Colpensiones solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene al demandado el reintegro de sumas recibidas por mesadas pagadas[2] y la indexación de aquellos valores que se reconozcan, así como los intereses a los que hubiere lugar[3].

§2.             Manifestación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín[4], mediante auto del 9 de julio de 2021, declaró su falta de jurisdicción y remitió las diligencias a los juzgados laborales del circuito de Medellín[5]. El juzgado argumentó que el demandado prestó sus servicios a personas naturales y a entidades del sector privado, y, por ello, no puede ser considerado como un servidor público ni que tenía una relación legal y reglamentaria con el Estado. Además, con base en el numeral 4 del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (“CPACA”), resaltó que no se discute la seguridad social de un servidor público sino que se trata de una discusión entre un particular y la Administradora de Pensiones[6]. Por lo anterior, indicó que el objeto del asunto no encuadra dentro de la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[7]. También citó[8] el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 y los numerales 4 y 5 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así como una Sentencia del Consejo de Estado[9].

§3.             Manifestación de la Jurisdicción Ordinaria Laboral. Repartido el asunto al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín[10], esta autoridad, mediante auto del 8 de noviembre de 2021[11], rechazó la demanda por falta de competencia y propuso el conflicto[12]. Señaló que si bien el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 establece la competencia de la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, respecto de las “(…) controversias relativas al sistema de seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios, o usuarios, empleadores y entidades administradoras o prestadoras cualquiera que sea la relación jurídica o el acto jurídico que se controvierta (…)”[13], en el presente caso, “(…) las pretensiones planteadas en la demanda contenciosa se dirigen a una declaratoria de nulidad (acción de lesividad), (…) cuyo análisis y declaratoria de esa acción es exclusiva de la jurisdicción administrativa, en virtud de lo dispuesto en los artículos 104 y 155 de la Ley 1437 de 2011”[14]. Además, con base en jurisprudencia, concluyó que la competencia es del juez administrativo, ya que este tiene el conocimiento idóneo para analizar las condiciones de legalidad de los actos administrativos cuya nulidad se pretende[15].

§4.             Trámite en la Corte Constitucional. El 19 de septiembre de 2024 se repartió el CJU-5917 al Despacho de la suscrita Magistrada y, el expediente digital respectivo, fue enviado al Despacho sustanciador el 23 de septiembre de 2024[16].

II.          CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

§5.             Competencia. La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

§6.             En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver. Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones, los cuales se cumplen en este caso, tal como se expone a continuación^[17]:

Cuadro único. Configuración de presupuestos del conflicto de jurisdicciones.

 

§7.             Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio o de una entidad liquidada. En Auto 316 de 2021[21], la Sala Plena estableció que cuando una entidad pública demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, un acto administrativo propio, tras no obtener la autorización del titular para revocarlo directamente, el asunto es de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Esto, incluso si el acto versa sobre derechos pensionales[22]. En otra oportunidad, mediante el Auto 840 de 2021[23], esta Corporación precisó que la liquidación de una entidad pública supone la subrogación de sus obligaciones y derechos, inclusive, los reconocidos a través de actos administrativos particulares. En consecuencia, la entidad reemplazante que enfrenta los efectos perjudiciales de los actos administrativos expedidos por la entidad subrogada podrá demandarlos a través de la acción de lesividad[24].

 

§8.             La Corte fundamenta lo anterior con base en los artículos 97 y 104 del CPACA[25]. Según el primero de ellos, si el titular no autoriza a la administración de manera previa, expresa y escrita para revocar directamente un acto administrativo de carácter particular que lo afecta, “deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”[26]. A su vez, según el artículo 104 del mismo Código, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resuelve los conflictos jurídicos relacionados con “actos (…) sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas (…).” De ese modo, la competencia de los jueces de lo contencioso administrativo cubre actos administrativos relativos a derechos pensionales, en la medida que la habilitación para que la administración demande un acto propio tiene como objetivo, entre otros, proteger el interés y el patrimonio público[27].

 

§9.             La competencia para conocer de la demanda de Colpensiones es de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Teniendo en cuenta que en el presente caso Colpensiones demandó varios actos administrativos propios, que en su momento fueron emitidos por el Instituto de Seguros Sociales, que versan sobre derechos pensionales del señor Wilson Usma, respecto de los cuales él no dio su autorización para que fueran revocados directamente, el conocimiento del asunto le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, la Sala Plena resolverá el conflicto de competencia entre jurisdicciones en el sentido de determinar que es el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín, la autoridad competente para conocer y resolver en primera instancia, la demanda instaurada por Colpensiones a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones 01872 y 005029. De esta manera, se ordenará remitir el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

 

§10.        Regla de decisión: “Los artículos 97 y 104 del CPACA prevén una cláusula especial de competencia, por virtud de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer las demandas que la administración interpone contra actos administrativos propios, incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social. Esta cláusula especial de competencia comprende las demandas en contra de los actos administrativos proferidos por una entidad pública liquidada, que sean interpuestas por la entidad que la subrogó en sus derechos y obligaciones”[28]. 

III.      DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín y el Juzgado Doce Laboral del Circuito de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín es la autoridad competente para conocer la demanda instaurada por Colpensiones en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Segundo. REMITIR el expediente CJU-5917 al Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con comisión

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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